responsabilidad editorial e FERNANDO BUITRAGO
El plan o marca ciudad “Costa del Faro” (con el lema “Gente que Brilla”), lanzado oficialmente el 20 de febrero de 2025 por el a la llamada “Marca Ciudad” impulsada por el alcalde Dío Astacio bajo el eslogan “Dío Astacio en el Faro a Colón” no constituye un cambio oficial de nombre del municipio de Santo Domingo Este.
Se trata, según el Ayuntamiento, de una estrategia de identidad y posicionamiento territorial cuyo objetivo es proyectar el municipio como destino turístico, de inversión y de negocios, destacando sus 22 kilómetros de costa, el Faro a Colón y su potencial inmobiliario y económico. Dijo forma parte de la visión de desarrollo urbano del cabildo, que incluye la construcción de edificios de mayor altura, la atracción de inversión privada (se han mencionado cifras de miles de millones de dólares en proyectos inmobiliarios) y la promoción general de la zona.
La «marca» se ha difundido de manera intensiva a través de vallas publicitarias, material promocional (camisetas, termos, gorras, revistas), un video oficial, spots publicitarios y presencia en medios de comunicación. El Ayuntamiento la presenta en sus memorias y rendiciones de cuentas como uno de los logros clave de identidad municipal.
Sin embargo, persisten serias dudas ciudadanas. En primer lugar, sobre el grado real de acogida del nuevo nombre: la mayoría de los residentes sigue refiriéndose al municipio como “Santo Domingo Este” o simplemente “del otro lado”. En segundo lugar —y de manera más preocupante—, sobre la transparencia y el volumen de recursos públicos destinados a su imposición visual en toda la ciudad.
Estas dudas se refuerzan por un hecho evidente: la “Marca Ciudad” apenas se ha materializado más allá de logos y eslóganes. Mientras la ciudad se cubre de basura y desorden, y hasta los espacios turísticos se encuentran descuidados, resulta difícil venderla como un destino atractivo. Más allá de inundar visualmente el municipio con el logo y el nombre, no se observan acciones concretas que impulsen de manera tangible esa pretendida transformación. Por eso muchos se preguntan cuál es el verdadero objetivo de esta estrategia.
Transparencia de los recursos y costos conocidos
No hay un desglose público completo y detallado del costo total de la campaña de marca (diseño, lanzamiento, producción, vallas, medios, merchandising y mantenimiento). Sí aparece información parcial:
- En junio de 2025 se reportó que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) destinó más de RD$8,175,000 (ocho millones ciento setenta y cinco mil pesos) específicamente a publicidad en medios de comunicación para promocionar la “Marca Ciudad Costa del Faro”. El proceso se registró en el portal de Compras y Contrataciones.
- En las memorias institucionales 2024-2025 se menciona la colocación de vallas publicitarias (físicas y digitales), distribución de artículos promocionales y otras acciones de difusión, pero sin cifras desagregadas de costos por ítem ni total de la campaña de marca.
No se ha encontrado información oficial pública y verificable sobre el costo unitario de cada valla de las “cientos” que se observan en la ciudad, ni el monto exacto gastado solo en ese rubro (alquiler de espacios, impresión, montaje, permisos y mantenimiento). Los precios de vallas varían según tamaño, ubicación, duración y tipo (estática o digital), pero sin datos específicos del cabildo no es posible precisar cuánto está costando “este capricho” en su conjunto. Las cifras multimillonarias que se escuchan en el debate público mezclan a menudo la marca promocional con los grandes proyectos de inversión privada inmobiliaria que el alcalde asocia a la visión “Costa del Faro”, lo que genera confusión.
La marca en sí no implica un cambio legal del nombre del municipio (eso requeriría proceso legislativo), sino una estrategia de marketing territorial. Aun así, el uso de recursos públicos para imponerla visualmente en el espacio urbano genera legítimas preguntas de oportunidad, priorización y eficiencia, especialmente cuando el municipio enfrenta necesidades básicas de servicios, infraestructura y saneamiento.
¿Quién debería auditarlo: Cámara de Cuentas o PEPCA?
- Cámara de Cuentas de la República Dominicana: Es el órgano constitucional de control externo de los fondos públicos. Tiene competencia directa para auditar la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos, verificar la legalidad, eficiencia y transparencia del gasto, y emitir informes con recomendaciones. Los gobiernos locales (ayuntamientos y juntas distritales) son sujetos habituales de sus auditorías. Cualquier gasto en publicidad, contratos de vallas, producción de material promocional o campañas de marca ciudad entra dentro de su ámbito de fiscalización ordinaria o especial. Es el canal natural y prioritario para revisar “dónde está transparentado” el dinero.
- PEPCA (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa): Es una dependencia del Ministerio Público especializada en investigar y perseguir delitos de corrupción administrativa (peculado, soborno, malversación, etc.). No realiza auditorías contables rutinarias; actúa cuando existen indicios de ilícitos penales. Si una auditoría de la Cámara de Cuentas, una denuncia ciudadana fundamentada o un proceso de transparencia revelara irregularidades graves (sobrefacturación, contratos simulados, desvío de fondos, etc.), entonces la PEPCA podría intervenir. No es el primer paso automático para revisar un gasto promocional legítimo, aunque imperfectamente transparentado.
En resumen: sí debe ser auditado, principalmente por la Cámara de Cuentas, como parte del control ordinario del gasto municipal. La transparencia no es opcional: los recursos son públicos y los munícipes tienen derecho a saber cuánto se invirtió exactamente en vallas, diseño, medios y demás, si se cumplieron los procedimientos de compras y contrataciones, y si el retorno (identidad, atracción de inversión, orgullo ciudadano) justifica el desembolso frente a otras prioridades. La PEPCA entraría solo si aparecen elementos de posible corrupción.
La iniciativa “Costa del Faro” puede tener sentido como herramienta de marketing territorial y de atracción de inversiones, y el alcalde la defiende como visión de desarrollo. Sin embargo, la proliferación de vallas y el uso de millones de pesos públicos sin un desglose claro y accesible del costo total alimentan la percepción de “capricho” y falta de transparencia. La Cámara de Cuentas es la institución idónea para fiscalizar el gasto; la ciudadanía y los órganos de control deben exigir que se publique el detalle completo (contratos, montos, proveedores y resultados medibles). Solo así se puede juzgar con datos, y no con sospechas, si se trata de una inversión estratégica o de un gasto disputable.
